El pasado 20 de mayo de 2025, el Tribunal Supremo (STS 2161/2025, ECLI:ES:TS:2025:2161) dictó una sentencia de gran trascendencia en materia de responsabilidad tributaria de administradores sociales, aclarando aspectos clave sobre su naturaleza y sobre la carga de la prueba en estos procedimientos.

¿Cuál era el caso?

En primer lugar, un administrador fue declarado responsable subsidiario de las deudas por IVA correspondientes a los ejercicios 2006 a 2008, así como de las sanciones impuestas a la sociedad que dirigía. Tras agotar varias instancias, el asunto llegó al Tribunal Supremo, que debía pronunciarse sobre tres cuestiones esenciales:

• Si en la derivación de responsabilidad del art. 43.1.a) de la Ley General Tributaria (LGT) se produce una inversión de la carga de la prueba (onus probandi).

• Si la denegación de pruebas solicitadas por el administrado supone indefensión.

• Si la Administración puede derivar directamente contra responsables subsidiarios sin agotar antes la vía frente a los responsables solidarios.

La decisión del Tribunal Supremo

El Alto Tribunal fija en esta sentencia una doctrina muy garantista para los administradores, destacando que:

• Naturaleza sancionadora: la responsabilidad subsidiaria del art. 43.1.a) LGT tiene un claro carácter sancionador, ya que está vinculada a la comisión de una infracción tributaria por la sociedad.

• No hay responsabilidad objetiva: no basta con ser administrador para responder automáticamente; es necesario acreditar una conducta reprochable (negligencia, dejación, consentimiento del incumplimiento, etc.).

• Carga de la prueba en la Administración: corresponde a Hacienda demostrar la falta de diligencia del administrador, aplicándose el principio de presunción de inocencia e incluso el criterio in dubio pro reo.

En consecuencia, el Tribunal Supremo anuló el acuerdo de derivación, reforzando así la exigencia de motivación y prueba en este tipo de procedimientos.