5 de octubre de 2025
En los próximos días, el Tribunal Supremo se pronunciará sobre una cuestión que afecta directamente a más de un millón de familias en España: la validez de las hipotecas referenciadas al IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios). Esta decisión puede marcar un antes y un después en el panorama hipotecario y en la defensa de los consumidores, ya que el impacto económico estimado para la banca se acerca a los 16.000 millones de euros.
En este artículo, desde Piñero Robledillo Abogados, analizamos qué es el IRPH, qué ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y cuáles pueden ser las consecuencias para los consumidores y las entidades financieras.
El IRPH es un índice oficial utilizado en España como referencia para calcular los intereses de determinados préstamos hipotecarios. Durante años se presentó como una alternativa “más estable” al euríbor.
Sin embargo, entre 2013 y 2016, mientras el euríbor descendía e incluso entraba en terreno negativo, el IRPH se mantenía en torno al 2%, lo que provocó que miles de hipotecas resultaran sistemáticamente más caras. De hecho, muchos consumidores han llegado a pagar entre 200 y 300 euros más al mes en comparación con quienes tenían préstamos referenciados al euríbor.
En diciembre de 2023, el TJUE estableció un criterio clave:
Que el hecho de que el IRPH sea un índice oficial no excluye la posibilidad de que sea abusivo.
Que los jueces nacionales deben analizar, caso por caso, si se cumplió el requisito de transparencia en la comercialización de las hipotecas.
Que es necesario comparar los tipos de interés resultantes del IRPH con los del mercado en ese momento, evaluando el posible desequilibrio en perjuicio del consumidor.
En otras palabras: el TJUE no declaró ilegal el índice, pero sí abrió la puerta a que las cláusulas sean anuladas si se demuestra falta de información clara y comprensible al cliente.
El Tribunal Supremo español debe ahora fijar doctrina sobre el IRPH. La gran incógnita es si lo hará:
Caso por caso, obligando a cada consumidor a litigar individualmente.
O bien de forma generalizada, declarando la nulidad de estas cláusulas salvo que la entidad pruebe haber cumplido rigurosamente con las exigencias de transparencia.
Las asociaciones de consumidores y numerosos despachos especializados defienden que lo más justo y eficiente sería la segunda opción, dado que la mayoría de contratos no cumplen con los criterios establecidos por Europa.
Si el Supremo respalda el criterio del TJUE y declara la nulidad de las cláusulas IRPH, los consumidores podrían obtener:
La devolución de las cantidades pagadas de más.
El recálculo de la hipoteca tomando como referencia el euríbor u otro índice más favorable.
El abono de intereses y costas judiciales por parte de la entidad financiera.
Esto supondría un importante alivio económico para miles de familias y un precedente clave en la defensa de los derechos de los consumidores.
Para las entidades financieras, el impacto potencial se estima en 16.000 millones de euros, una cifra que refleja la magnitud del problema. A pesar de que los bancos argumentan el “riesgo económico” de un fallo generalizado, el TJUE ya recordó que la protección del consumidor no puede sacrificarse por motivos macroeconómicos.
La decisión del Tribunal Supremo marcará el rumbo de miles de reclamaciones y sentará las bases para futuros litigios. En Piñero Robledillo Abogados seguiremos de cerca esta resolución y pondremos nuestra experiencia al servicio de los afectados que quieran reclamar sus derechos.
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