Divorcio de mutuo acuerdo en España: requisitos, pasos, plazos y cuánto cuesta

El divorcio de mutuo acuerdo es una de las formas más sencillas de poner fin a un matrimonio cuando ambos cónyuges están dispuestos a alcanzar acuerdos sobre las consecuencias personales, familiares y económicas de su separación.

Sin embargo, que exista acuerdo no significa que el procedimiento deba abordarse sin planificación. Cuestiones como la custodia de los hijos, la pensión de alimentos, el uso de la vivienda familiar, las deudas comunes o la liquidación de gananciales pueden tener consecuencias durante muchos años.

¿Cuánto cuesta un divorcio de mutuo acuerdo? ¿Cuánto tarda en resolverse? ¿Es obligatorio acudir al juzgado? ¿Pueden los cónyuges compartir abogado? ¿Qué ocurre si tienen hijos menores de edad?

En esta guía de Piñero Robledillo Abogados, despacho de abogados en Alicante, explicamos cómo tramitar un divorcio de mutuo acuerdo en España, qué documentación se necesita, cuáles son los pasos del procedimiento y qué aspectos deben regularse para evitar futuros conflictos.

Persona sosteniendo una alianza matrimonial en una imagen sobre el divorcio de mutuo acuerdo

¿Qué es un divorcio de mutuo acuerdo?

El divorcio de mutuo acuerdo es el procedimiento mediante el cual ambos cónyuges solicitan la disolución de su matrimonio y presentan una propuesta consensuada para regular sus consecuencias.

A diferencia del divorcio contencioso, en el que existe desacuerdo sobre determinadas medidas o sobre la forma de solicitarlas, en el divorcio amistoso las partes han alcanzado un acuerdo que se incorpora al correspondiente convenio regulador.

La legislación española permite solicitar el divorcio sin necesidad de acreditar que alguno de los cónyuges haya incumplido sus obligaciones matrimoniales.

Es decir, no es necesario demostrar una infidelidad, un abandono del hogar o una causa específica para divorciarse.

El artículo 86 del Código Civil permite solicitar judicialmente el divorcio conforme a los requisitos legales, mientras que el artículo 87 contempla su formalización ante letrado de la Administración de Justicia o notario en los supuestos permitidos.

Esta regulación permite que las parejas puedan poner fin a su matrimonio mediante diferentes vías.

La elección dependerá fundamentalmente de las circunstancias familiares y de la existencia de hijos que requieran protección judicial.

Los requisitos y efectos del divorcio se regulan principalmente en los artículos 81 y siguientes del Código Civil español.

¿Cuáles son los requisitos para un divorcio de mutuo acuerdo?

Para tramitar un divorcio de mutuo acuerdo deben cumplirse determinados requisitos.

1. Que ambos cónyuges estén de acuerdo

El requisito principal es que exista una voluntad compartida de divorciarse.

Además, las partes deben alcanzar un acuerdo sobre las medidas necesarias para regular sus relaciones después de la ruptura.

Esto no significa que deban coincidir inicialmente en todas sus pretensiones.

Es habitual que existan diferencias sobre la vivienda, los gastos familiares o las medidas relativas a los hijos.

La intervención de un abogado puede facilitar la negociación y ayudar a encontrar soluciones jurídicamente viables.

2. Que hayan transcurrido tres meses desde el matrimonio

Con carácter general, deben haber transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio.

La regulación contempla excepciones para determinadas situaciones de riesgo, particularmente en los supuestos judiciales previstos legalmente.

No obstante, lo habitual es que las parejas que solicitan un divorcio amistoso hayan superado ampliamente este período.

3. Que exista un convenio regulador

El convenio regulador es el documento que establece los acuerdos alcanzados por los cónyuges.

Su contenido dependerá de las circunstancias del matrimonio.

Cuando existen hijos, deberá contemplar las medidas necesarias para organizar las responsabilidades parentales y las obligaciones económicas.

Si existen bienes comunes, también pueden incluirse acuerdos patrimoniales y, cuando proceda, previsiones sobre la liquidación del régimen económico matrimonial.

4. Que se utilice la vía legal correspondiente

La existencia de hijos menores no emancipados o de determinados hijos mayores con medidas judiciales de apoyo atribuidas a sus progenitores condiciona la vía de tramitación.

Por ello, antes de preparar la documentación es necesario determinar si el divorcio debe tramitarse judicialmente o si puede formalizarse ante notario o letrado de la Administración de Justicia.

¿Cómo tramitar un divorcio de mutuo acuerdo paso a paso?

Aunque cada situación presenta particularidades, el procedimiento puede organizarse en varias fases.

Paso 1. Consultar con un abogado de familia

El primer paso recomendable consiste en analizar la situación familiar y económica.

El abogado estudiará las circunstancias personales de los cónyuges, los hijos que tengan en común, la vivienda, los ingresos y las obligaciones existentes.

Esta fase es especialmente importante para identificar las cuestiones que deberán regularse en el convenio.

Por ejemplo, si existen hijos menores, habrá que determinar cómo se organizarán sus períodos de convivencia, quién asumirá determinados gastos y cómo se adoptarán las decisiones relevantes sobre su educación y salud.

También debe analizarse el régimen económico matrimonial.

No es lo mismo divorciarse estando casado en gananciales que bajo separación de bienes.

Paso 2. Negociar las medidas del divorcio

Una vez identificadas las cuestiones principales, los cónyuges deberán alcanzar acuerdos concretos.

Es fundamental evitar pactos excesivamente genéricos.

Por ejemplo, establecer que los padres asumirán los gastos de los hijos de forma proporcional puede generar controversias si no se concreta cómo se realizará el reparto.

También conviene definir claramente los períodos vacacionales, las entregas y recogidas de los menores, la comunicación entre progenitores y el tratamiento de los gastos extraordinarios.

Un divorcio de mutuo acuerdo bien negociado debe permitir que las partes conozcan sus derechos y obligaciones sin depender continuamente de interpretaciones posteriores.

Paso 3. Redactar el convenio regulador

El convenio regulador recogerá los acuerdos alcanzados.

Debe adaptarse a las circunstancias concretas del matrimonio y respetar las limitaciones establecidas por la legislación.

No resulta recomendable utilizar modelos genéricos descargados de internet sin comprobar su adecuación.

Un convenio aparentemente sencillo puede generar problemas importantes cuando no regula con precisión cuestiones esenciales.

Paso 4. Preparar la documentación

En términos generales, será necesario disponer de documentación identificativa y acreditativa del matrimonio.

Si existen hijos, también habrá que aportar la documentación correspondiente.

Además, pueden resultar necesarios justificantes económicos, información patrimonial o títulos de propiedad.

Paso 5. Presentar la solicitud o acudir a notaría

Cuando el divorcio requiere intervención judicial, se presenta la demanda correspondiente acompañada del convenio regulador y la documentación legalmente exigida.

Cuando concurren los requisitos para acudir a notaría, el divorcio puede formalizarse mediante escritura pública.

Paso 6. Ratificar los acuerdos

En el procedimiento judicial de mutuo acuerdo, los cónyuges deben ratificar su petición en los términos previstos legalmente.

En los supuestos en los que puede intervenir el notario, ambos deben prestar personalmente su consentimiento, asistidos de abogado en ejercicio.

Paso 7. Obtener la resolución o escritura de divorcio

Finalmente, el divorcio quedará formalizado mediante la resolución judicial o el instrumento legal correspondiente.

También deberán realizarse las comunicaciones necesarias al Registro Civil.

Cuando el procedimiento incluye medidas económicas o patrimoniales, será importante comprobar su correcta ejecución.

¿Qué es el convenio regulador de divorcio?

El convenio regulador es uno de los documentos más importantes de cualquier divorcio de mutuo acuerdo.

Su finalidad es establecer las medidas que regirán las relaciones familiares y económicas una vez disuelto el matrimonio.

El artículo 90 del Código Civil regula su contenido.

Según las circunstancias, puede incluir acuerdos sobre los hijos, las responsabilidades parentales, las pensiones y el patrimonio común.

Guarda y custodia de los hijos

Cuando existen hijos menores, el convenio debe establecer cómo se organizará su cuidado.

Puede contemplarse un régimen de custodia compartida o exclusiva, según las circunstancias familiares y siempre atendiendo al interés superior de los menores.

En una custodia compartida, ambos progenitores participan en los períodos de convivencia conforme a la distribución acordada y aprobada.

Sin embargo, ello no significa necesariamente que los hijos deban pasar exactamente el mismo número de días con cada progenitor.

La organización debe responder a las necesidades de los menores y a las posibilidades reales de los padres.

En cambio, en un régimen de custodia exclusiva, la convivencia habitual se atribuye a uno de los progenitores, estableciéndose las medidas de comunicación y estancia que correspondan respecto del otro.

En nuestro artículo sobre custodia compartida en España explicamos los requisitos, los criterios de valoración y las principales diferencias respecto de la custodia exclusiva.

Patria potestad

La patria potestad no debe confundirse con la guarda y custodia.

La guarda se relaciona con la convivencia y atención cotidiana, mientras que la patria potestad comprende un conjunto más amplio de responsabilidades y facultades respecto de los hijos.

Como regla general, el divorcio no implica que uno de los progenitores pierda automáticamente la patria potestad.

Las decisiones relevantes sobre educación, salud y otros aspectos fundamentales deben adoptarse conforme al régimen establecido.

Régimen de visitas y vacaciones

El convenio debe concretar los períodos de estancia y comunicación cuando proceda.

Resulta conveniente regular las vacaciones escolares, los festivos y determinadas fechas especiales.

También pueden establecerse criterios sobre los desplazamientos, la entrega y recogida de los hijos y las comunicaciones telefónicas o telemáticas.

Una regulación clara ayuda a evitar conflictos posteriores.

Pensión de alimentos

La pensión de alimentos es otra cuestión esencial.

Ambos progenitores deben contribuir al mantenimiento de sus hijos conforme a sus posibilidades económicas y a las necesidades de estos.

La existencia de custodia compartida no elimina necesariamente la obligación de abonar una pensión.

Pueden existir diferencias económicas que justifiquen una contribución periódica.

Además, el convenio debe establecer cómo se atenderán los gastos ordinarios y extraordinarios.

Para comprender mejor esta cuestión, puedes consultar nuestra guía sobre pensión de alimentos en España: cuánto se paga, cómo se calcula y hasta qué edad.

Uso de la vivienda familiar

La atribución del uso de la vivienda es una de las cuestiones que más controversias puede generar.

Debe diferenciarse entre la propiedad del inmueble y su derecho de uso.

El hecho de que la vivienda pertenezca exclusivamente a uno de los cónyuges no determina, por sí solo, cómo se atribuirá su uso cuando existan hijos y concurran las circunstancias legalmente previstas.

La regulación debe atender a las necesidades familiares y a los criterios establecidos por el Código Civil.

Pensión compensatoria

El artículo 97 del Código Civil contempla la posibilidad de reconocer una compensación económica cuando el divorcio produce un desequilibrio económico respecto de la situación del otro cónyuge y un empeoramiento en relación con la posición mantenida durante el matrimonio.

No se establece automáticamente por el hecho de existir diferencias salariales.

Deben valorarse las circunstancias legalmente relevantes.

Entre ellas pueden encontrarse la dedicación a la familia, la edad, la formación, las posibilidades laborales y la duración del matrimonio.

Es importante distinguir esta prestación de la pensión alimenticia de los hijos.

En nuestro artículo sobre pensión compensatoria tras el divorcio explicamos cuándo puede solicitarse y qué circunstancias influyen en su reconocimiento.

¿Se puede realizar un divorcio de mutuo acuerdo con hijos menores?

Sí.

La existencia de hijos menores no impide que los progenitores alcancen un acuerdo sobre las consecuencias del divorcio.

De hecho, una solución consensuada puede contribuir a reducir el conflicto familiar.

Sin embargo, cuando existen hijos menores no emancipados, el divorcio debe seguir la vía judicial correspondiente.

Esto permite que las medidas propuestas sean examinadas conforme al interés superior de los menores.

¿Interviene el Ministerio Fiscal?

Sí, en los supuestos legalmente previstos en los que deben protegerse los intereses de los hijos menores o de personas que requieren determinadas medidas de apoyo.

Su intervención forma parte de las garantías establecidas por el ordenamiento jurídico.

¿El juez tiene que aceptar todos los acuerdos?

No necesariamente.

Aunque ambos progenitores estén conformes, las medidas relativas a los hijos deben ser adecuadas y respetar sus derechos.

El tribunal puede no aprobar aquellas estipulaciones que resulten perjudiciales conforme a los criterios legales.

En ese supuesto, será necesario adaptar el convenio y seguir el procedimiento correspondiente.

Por ello, resulta fundamental preparar acuerdos equilibrados y correctamente fundamentados.

¿Se puede tramitar un divorcio de mutuo acuerdo ante notario?

Sí, siempre que concurran los requisitos legales.

El divorcio notarial permite formalizar la disolución del matrimonio mediante escritura pública, sin necesidad de seguir el procedimiento judicial ordinario.

Sin embargo, esta posibilidad no está disponible para todas las familias.

Con carácter general, no puede utilizarse cuando existen hijos menores no emancipados o hijos mayores respecto de los cuales se hayan establecido judicialmente medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores, en los supuestos contemplados por el Código Civil.

También deben cumplirse los demás requisitos legales.

¿Es obligatorio acudir con abogado al notario?

Sí.

Los cónyuges deben estar asistidos por abogado en ejercicio.

Además, deben intervenir personalmente en el otorgamiento.

Cuando existen hijos mayores o menores emancipados que carecen de ingresos propios y conviven en el domicilio familiar, su consentimiento será necesario respecto de las medidas que les afecten, en los términos previstos legalmente.

¿Es más rápido el divorcio notarial?

Puede resultar más ágil porque evita determinados trámites judiciales.

No obstante, su duración dependerá de la disponibilidad de la notaría, la documentación y la complejidad de los acuerdos.

Además, no todos los divorcios sencillos pueden formalizarse por esta vía.

La elección debe realizarse atendiendo a la situación familiar y no exclusivamente a la rapidez.

¿Cuánto tarda un divorcio de mutuo acuerdo?

No existe un plazo único aplicable a todos los procedimientos.

La duración dependerá principalmente de la vía utilizada, la preparación de la documentación y el funcionamiento del órgano competente.

En un divorcio notarial, una vez alcanzado el acuerdo y reunidos los documentos, el otorgamiento puede organizarse con relativa rapidez.

En cambio, cuando es necesaria la intervención judicial, deben cumplirse los trámites establecidos por la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El artículo 777 regula el procedimiento de separación y divorcio de mutuo acuerdo.

Entre otras actuaciones, contempla la presentación de la solicitud, la ratificación de los cónyuges y, cuando corresponde, la intervención de los organismos encargados de proteger los intereses de los hijos.

¿Puede tardar varios meses?

Sí.

Aunque los cónyuges estén completamente de acuerdo, la tramitación judicial puede prolongarse debido a la carga de trabajo del órgano judicial, la necesidad de aportar documentación o la revisión de las medidas propuestas.

Por este motivo, no resulta adecuado garantizar un plazo exacto de resolución.

Además, debe distinguirse entre el tiempo necesario para negociar el convenio y el tiempo de tramitación posterior.

En determinadas ocasiones, las negociaciones patrimoniales son más complejas que el propio procedimiento judicial.

¿Cuánto cuesta un divorcio de mutuo acuerdo en España?

El precio de un divorcio de mutuo acuerdo depende de las circunstancias concretas.

No existe un importe único establecido por ley.

Los principales factores que influyen en el coste son la existencia de hijos, la complejidad del convenio, la necesidad de negociar medidas económicas y la vía de tramitación.

Honorarios de abogado

Los honorarios profesionales dependen del alcance de los servicios contratados.

Un divorcio sin hijos, sin patrimonio común y con acuerdos sencillos normalmente requiere menos actuaciones que uno en el que deben regularse varias viviendas, préstamos, negocios y obligaciones económicas.

Gastos de procurador

En el procedimiento judicial de divorcio de mutuo acuerdo debe examinarse la intervención preceptiva de procurador conforme a las reglas procesales aplicables.

Cuando la legislación lo permite, los cónyuges pueden actuar con una misma representación y defensa.

En el divorcio notarial no se requiere procurador.

Gastos notariales

Cuando el divorcio se formaliza ante notario, deberán abonarse los aranceles correspondientes.

El importe dependerá de la escritura y de sus características.

Gastos de liquidación de gananciales

Si además del divorcio se liquida el régimen económico matrimonial, pueden surgir gastos adicionales de carácter notarial, registral, profesional y, cuando proceda, fiscal.

Por tanto, antes de contratar un servicio conviene comprobar qué actuaciones están incluidas en el presupuesto.

¿Pueden los dos cónyuges tener el mismo abogado?

Sí.

En un divorcio de mutuo acuerdo puede intervenir un mismo abogado para ambos cónyuges, siempre que sea compatible con las exigencias profesionales y no exista un conflicto de intereses que impida la defensa conjunta.

Esta posibilidad puede reducir costes y facilitar la coordinación de las actuaciones.

Sin embargo, compartir abogado no significa que las partes deban aceptar acuerdos que no comprenden.

Es fundamental que ambos conozcan las consecuencias jurídicas de las medidas pactadas.

Cuando existen intereses claramente enfrentados, puede resultar más adecuado que cada cónyuge cuente con asesoramiento independiente.

¿Qué ocurre con los bienes gananciales después del divorcio?

El divorcio produce consecuencias sobre el régimen económico matrimonial.

Sin embargo, la disolución del régimen de gananciales no significa que todos los bienes comunes queden automáticamente repartidos.

Es necesario distinguir entre disolución y liquidación.

La liquidación requiere identificar el activo y el pasivo, valorar los bienes y deudas y determinar qué adjudicaciones corresponden a cada cónyuge.

Por ejemplo, puede existir una vivienda hipotecada, un vehículo financiado o determinadas cantidades abonadas por uno de los cónyuges después de producirse la ruptura.

Estas circunstancias deben analizarse para determinar sus consecuencias económicas.

También pueden existir créditos entre los cónyuges o frente a la sociedad de gananciales.

Por ello, antes de firmar un convenio que incluya adjudicaciones patrimoniales resulta recomendable efectuar un estudio detallado.

En nuestro artículo sobre gananciales o separación de bienes: diferencias y consecuencias del divorcio abordamos cómo funciona cada régimen y qué implicaciones puede tener en caso de ruptura.

¿Qué ocurre si uno de los cónyuges no cumple el convenio regulador?

La aprobación de un convenio regulador no garantiza que todas las obligaciones se cumplan voluntariamente.

Pueden producirse impagos de pensiones, incumplimientos de las medidas de estancia o desacuerdos sobre determinados gastos.

Cuando las medidas están recogidas en una resolución judicial, pueden utilizarse los mecanismos de ejecución legalmente previstos.

Por ejemplo, si uno de los progenitores deja de abonar la pensión alimenticia establecida, podrá estudiarse la reclamación judicial de las mensualidades pendientes.

También pueden surgir controversias relacionadas con la entrega de los hijos, las vacaciones o el uso de determinados bienes.

Es importante recordar que el incumplimiento de una obligación no autoriza automáticamente a dejar de cumplir otras.

Los conflictos deben abordarse mediante las actuaciones jurídicas correspondientes.

¿Se puede modificar el convenio regulador después del divorcio?

Sí.

Las circunstancias económicas y familiares pueden cambiar con el paso del tiempo.

Por ejemplo, uno de los progenitores puede sufrir una reducción importante de ingresos, cambiar de residencia o experimentar una modificación relevante de su situación familiar.

También pueden cambiar las necesidades de los hijos.

Cuando concurren los requisitos legales, es posible solicitar una modificación de medidas.

¿La modificación puede realizarse de mutuo acuerdo?

Sí.

Cuando ambos progenitores están conformes, pueden presentar una nueva propuesta de medidas por los cauces legalmente previstos.

En otros casos será necesario iniciar un procedimiento contradictorio.

Lo importante es comprender que las medidas aprobadas no deben modificarse unilateralmente al margen del procedimiento correspondiente.

Por ejemplo, si una persona considera que ya no puede pagar la pensión establecida, no debería dejar de abonarla por su propia decisión.

Debe estudiar si procede solicitar una modificación judicial.

¿Qué diferencias existen entre divorcio de mutuo acuerdo y divorcio contencioso?

La principal diferencia se encuentra en la existencia o ausencia de acuerdo sobre las consecuencias del divorcio.

En el divorcio de mutuo acuerdo, los cónyuges presentan una propuesta consensuada.

En el contencioso, corresponde al órgano judicial resolver las cuestiones sobre las que existe discrepancia.

Esto puede afectar a la duración, al coste económico y a la complejidad procesal.

Sin embargo, el divorcio contencioso no significa que las partes deban permanecer enfrentadas durante todo el procedimiento.

En determinadas circunstancias, pueden alcanzar acuerdos posteriores y solicitar la transformación o terminación del procedimiento conforme a las reglas aplicables.

La negociación puede continuar incluso después de haber acudido a la vía judicial.

Errores frecuentes en un divorcio de mutuo acuerdo

Uno de los errores más habituales consiste en firmar un convenio regulador sin comprender sus consecuencias económicas.

También resulta problemático utilizar modelos genéricos que no contemplan las particularidades familiares.

Otro error frecuente es no concretar correctamente los gastos de los hijos.

Igualmente, deben evitarse acuerdos ambiguos sobre las vacaciones, las entregas y recogidas o la distribución de responsabilidades.

Cuando existen bienes gananciales, puede resultar especialmente perjudicial firmar adjudicaciones sin comprobar previamente las deudas, los préstamos y los pagos realizados por cada cónyuge.

Por último, conviene recordar que un divorcio amistoso no debe confundirse con un divorcio improvisado.

La finalidad de alcanzar un acuerdo es facilitar una solución estable, no renunciar al análisis jurídico necesario.

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No. No es necesario acreditar una causa concreta de ruptura para solicitar el divorcio.

Sí. El procedimiento deberá tramitarse judicialmente cuando concurran las circunstancias legalmente previstas para proteger sus derechos.

Sí, en determinados supuestos la liquidación del régimen económico matrimonial puede realizarse posteriormente. Sin embargo, conviene estudiar las consecuencias de posponerla.

Pueden gestionarse telemáticamente determinadas comunicaciones y actuaciones profesionales, pero deben cumplirse los requisitos legales de identificación, intervención, ratificación y formalización que correspondan.

No. La pensión compensatoria no se reconoce automáticamente. Deben concurrir los requisitos establecidos legalmente.

Puede impedirse que continúe el procedimiento de mutuo acuerdo en los términos inicialmente planteados. Será necesario estudiar cómo proceder según la fase procesal.

Sí, cuando concurren las circunstancias y requisitos que permiten una modificación de medidas y la nueva organización responde al interés de los menores.

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